Aunque ha sido en los últimos meses y más concretamente en los últimos días cuando más hemos oído hablar de la tasa digital o la tasa Google, lo cierto es que el origen tiene fecha de 2018.
Fue en ese momento cuando la Comisión Europea lanzó una propuesta para el diseño de un impuesto de aplicación a todos los países de la UE. La propuesta no prosperó por la negativa de Irlanda y los países nórdicos y quedó entonces pospuesta hasta poder contar con las recomendaciones, opiniones y decisiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Confían en que la idea se materialice durante el primer semestre de 2020 y por ello la UE ha retrasado la entrada en vigor del tributo hasta, como mínimo, el año 2021.
Aunque los acuerdos con otras instituciones europeas no hayan prosperado, el Gobierno español está decidido a llevar a cabo la imposición de este impuesto sobre determinados servicios digitales. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el pasado 18 de enero. El objetivo sería gravar con un 3% los ingresos que procedan de plataformas de publicidad online y venta de datos.
Se trata de imponer una tasa digital en España a todas aquellas grandes empresas que no tributan en nuestro país pero aprovechan los datos proporcionados por los usuarios para su beneficio.
Lo que se pretende es que esas transacciones digitales vayan acompañadas de un canon. El ISDS sería una tasa basada en el uso de datos de consumidores y usuarios.
Afectaría directamente a grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google, Facebook , Airbnb, Booking o Uber. La medida iría dirigida a multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo.
El Gobierno señala que no impactará en páginas web de venta de productos, sino que lo hará en aquellas plataformas digitales que recopilen información de los usuarios que tengan servicios publicitarios o que comercialicen con dicha información. Su objetivo es que las grandes empresas de Internet tributen allí donde están ofreciendo sus servicios y obteniendo beneficios.
Al otro lado del “cable”
La cuestión parece sencilla, pero como todo (y más cuando hablamos de negocios), tiene doble lectura y ventajas y desventajas.
Al margen de si los acuerdos y anteproyectos salen adelante o no, Global Digital Foundation ha elaborado un informe en el que especifica las principales repercusiones que tendría la “Tasa Google”.
“Who will bear the Burden of DSTs?” (así se llama el estudio), es un informe que analiza el efecto económico de la implantación de dicho impuesto en Europa y sobre cuáles serían sus consecuencias para los consumidores y las pequeñas empresas.
El director ejecutivo de la fundación, Paul MacDonnell, encargado de presentar el informe considera que los legisladores se enfocan más en los rasgos negativos de estas plataformas digitales que en los positivos.
Denuncian que el IDSD tenga en cuenta solo la “economía digital”, rompiendo el consenso internacional de que esta economía no pueda separarse del resto de la economía. También reclaman que el impuesto grave los ingresos y no los beneficios, lo que parece contradecir el principio de fiscalidad internacional de gravar los beneficios corporativos. Y recuerdan que cualquier nuevo impuesto debe aplicarse a todas las empresas, sin discriminación por la base del modelo de negocio específico.
El lío de cables:
El caso es que mientras unos (el Gobierno) aseguran que se recaudarán unos ingresos que ascenderán a los 1.200 millones de euros, otros (asociaciones, fundaciones y consultoras) estiman que la Tasa Google tendrá un perjuicio de unos 500 millones de euros para las empresas españolas usuarias de estos servicios digitales y de unos 600 millones de euros para los consumidores.
El miedo es que todos los consumidores y usuarios y todas las pequeñas empresas, autónomos, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos público que se crean (gracias a) o necesitan a las plataformas digitales sean los que soporten el coste.
Si Google o Facebook o cualquier otra aumenta el coste de sus productos o servicios para compensar los gastos derivados del pago del impuesto, serán las empresas y las rentas más bajas las más afectadas. Los daños colaterales de la implantación de esta medida.
Se teme que:
- España se muestre como un lugar con difícil acceso y costoso para hacer negocio y que ello afecte a la inversión en empresas españolas.
- la medida aumente los precios de la contratación de estas plataformas digitales, lo cual puede generar barreras de entrada al mercado para pequeñas y medianas empresas y startups.
- las empresas que accedan al mercado incrementen el precio final de los productos ofrecidos para compensar la contratación de servicios que deben llevar a cabo.
- las empresas afectadas muestren una menor productividad en España y reduzcan su oferta en nuestro país.
¿Cómo desenredar el nudo?
Es evidente que las plataformas digitales y de Internet aportan facilidades a la economía, impulsan la difusión y el crecimiento para pequeñas empresas y startups. En los últimos años este sector se ha posicionado en lo más alto como generador de crecimiento y empleo.
No hay que olvidar que la economía digital ha generado efectos contrapuestos. Por un lado ha mejorado la competitividad y la productividad empresarial y por otro, ha alterado sustancialmente el modo de trabajo.
Por ello, parece necesario tratar la cuestión analizando cada punto vista y escuchando a todas las partes implicadas, pues la implantación de la tasa digital puede ser un elemento distorsionador del mercado. Que se creen ventajas competitivas para unas empresas frente a otras, puede ser una injusticia que nos lleve a una reducción de nuestra capacidad para generar trabajo y riqueza.
La revolución 4.0, la revolución tecnológica, como cualquier otro proceso de cambio, requiere un período de análisis y también de adaptación. Los gobiernos empiezan a regular los negocios basados en la tecnología (sandbox, fintech, smart contracts…) Que el fin último de la economía no esté en peligro debe ser lo que nos traiga de cabeza.
