El objetivo es proteger los depósitos de las empresas. Y para garantizarlo se va a trasponer la directiva europea. Se trata de evitar que los depósitos de las empresas se puedan utilizar para pagar la quiebra de los bancos. La medida está orientada a evitar las fugas masivas de dinero de grandes empresas, de pymes y de instituciones públicas. Pasarían a tener la misma protección que los pequeños ahorradores. Si esta norma hubiera estado en vigor en el momento de la crisis del Banco Popular, se podría haber evitado la fuga masiva de fondos del banco.

Quiebra del Popular

La quiebra del Popular se aceleró por la falta de liquidez, una circunstancia que se agravó en los últimos días del banco. La  fuga de depósitos se convirtió en una estampida provocada por el pánico ante la quiebra inminente. De haber estado en vigor una norma de protección de los depósitos de empresas, el proceso de venta de la entidad podría haber continuado sin sobresaltos. Sin embargo, desde abril de 2017 hasta finales de junio de ese mismo año, el Popular vio cómo salían de sus cuentas un total de 14.251 millones de euros. Fueron sobre todo de empresas y de instituciones.

El sistema bail-in

El miedo de las empresas a perder sus depósitos es lo que llevó a una retirada masiva ante la posibilidad de que la quiebra se pagara con los fondos depositados en el banco. El sistema bail-in determina que sean los accionistas, los bonistas y los depositantes, los que corran con el coste de la quiebra. Y ese reparto de “cargas” empieza por los depósitos que tienen fondos más altos.

La banca está de acuerdo con esta reforma, porque puede despejar algunos temores de grandes inversores extranjeros. En países como Alemania e Italia los depósitos de las empresas no se emplean para cubrir agujeros en caso de quiebra. Ese tipo de medidas solo afecta a los accionistas de la entidad y a los bonistas. La reforma que se plantea depende ahora de la capacidad legislativa del gobierno. Lo más probable es que tengamos que esperar a la próxima legislatura.