Los retrasos en la Justicia afectan ahora directamente a la profesión. Desde el pasado verano que se conociera el retraso de la segunda convocatoria del examen de acceso a la carrera de abogado, ya se sospechaba que los aspirantes del 2019 tendrían que armarse de paciencia y esperar meses -sin determinar el número- en la antesala del referido examen.

Esto hace que el Consejo General de la Abogacía Española difunda un comunicado denunciando el retraso del examen de acceso a la profesión de los aspirantes a abogados y pide al Ministerio de Justicia que subsane dicha situación que –según explican- vulnera los derechos de los aspirantes que ven como cada día se retrasa su incorporación a la carrera profesional.

Inestabilidad e incertidumbre

Esta situación afecta a cientos de futuros abogados. Carmen Almoguera, una de las jóvenes juristas del equipo de Martín Molina, que lleva preparándose para este examen alrededor de un año, asegura que esta situación  “genera gran inestabilidad e incertidumbre. Nosotros nos formamos y acatamos los requisitos exigidos para obtener nuestro título de abogado. Hemos cursado el Máster que nos es exigido, y llevamos ya meses preparándonos para esta prueba de acceso. Y los estudiantes de derecho no somos los únicos perjudicados, también todos los operadores jurídicos.”

El máximo órgano de representación de los abogados además de denunciar en el comunicado las circunstancias en las que se encuentran centenares de aspirantes a abogados,  reitera su disposición a colaborar con el Ministerio de Justicia para dar salida a una situación que perjudica claramente los derechos de los postulantes y que crea un vacío que afecta directamente a los operadores jurídicos.

No podrán iniciar la carrera profesional

El examen de acceso a la Abogacía debía tener lugar el próximo mes de febrero pero todavía no hay fecha cerrada lo que hace pensar que no podrá realizarse antes del mes de junio, debido a que la anterior cita acaba de celebrarse en este mes de diciembre, con un retraso de tres meses. Según el Artículo 18 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, las convocatorias    para la evaluación de la aptitud profesional correrá a cargo de los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» con una antelación de 3 meses a su celebración.

Este artículo impediría que los exámenes se llevaran a cabo como se esperaba el próximo mes de febrero, ya que después de cerrar fecha, tiene que ser publicado en el BOE, y después cumplir  los requisitos administrativos en tiempo y forma antes de celebrarse.

Inesperado retraso

Pedro Montero López, joven jurista de nuestra firma, asegura que “el inesperado retraso, va a provocar que no podamos ejercer la defensa de los clientes en procesos jurisdiccionales hasta principios de octubre de 2019, pues a pesar de estar en posesión del Grado de derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía, la superación del examen es imprescindible para poder colegiarnos y ejercer nuestra profesión”.

El Pleno del CGAE acordó por unanimidad reclamar también la celebración del examen en la fecha prevista y en todas las sedes, y ponerse a disposición de todos los afectados y afectadas.