El próximo 14 de marzo de 2021 –un año después de la declaración del primer estado de alarma– está señalado el final del plazo de suspensión del deber de solicitar el concurso de acreedores (Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial).

Ahora bien, el Gobierno vuelve a suscitar dudas e incertidumbres sobre la más que probable ampliación del período de la denominada “moratoria concursal”.

Si leemos las últimas noticias en distintos medios de prensa, se da por hecho esta prórroga; lo que no explican es el impacto negativo que supondría sobre nuestro tejido empresarial con el aumento de los procesos de liquidación de las pequeñas y medianas empresas y su consecuente impacto social.

Querer cerrar los ojos ante la grave crisis económica y social que ya tiene España; querer mantener un alto grado de incertidumbre sobre la política que va a adoptar el Ejecutivo y las Comunidades Autónomas, no sólo ahuyenta a los inversores nacionales y extranjeros hacia otras economías, sino que se genera una precariedad económica que hace insostenible el mantenimiento de un negocio o de una actividad empresarial, sin ver esa luz de reactivación y recuperación a corto plazo.

No querer ver que el concurso de acreedores es una vía fiable y válida que soluciona la insolvencia actual o inminente de las empresas y de los empresarios individuales, es lo mismo que suscitar la desconfianza que tiene el propio Ejecutivo sobre el Texto Refundido de la Ley Concursal que ha aprobado.