“No estamos ante una reclamación por ideología política. No tiene que ver con los partidos políticos. Es una solicitud legítima ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de empresarios”, afirma Pedro Martín Molina, presidente Martín Molina Abogados y Economistas.
El objetivo principal de la articulación de la reclamación patrimonial es conseguir que el Estado y las Comunidades Autónomas indemnicen a los empresarios de la hostelería, restauración y personal afín.
La declaración del Estado de Alarma decretada por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo de 2020 supuso el cierre y la paralización inmediata de toda la actividad esencial, entre ella, la hostelería.
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