El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, viene por fin a cubrir las lagunas interpretativas de una Ley dictada en materia tan crítica como el blanqueo de capitales y pone encima de la mesa de la actualidad las obligaciones que esta normativa impone a un amplio sector de profesionales y, entre ellos, los abogados.
Inicialmente este colectivo profesional no parecía nunca sentirse vinculado o preocupado por esta regulación, en la creencia de que su actividad cotidiana era ajena a ciertas actividades de riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Publicaciones relacionadas:
Buen Gobierno. La transformación digital de las firmas legales (y II)
Economist&Jurist. El Estado no asumirá los daños económicos que sufrieron los empresarios hosteleros...
Buen Gobierno. La transformación digital de las firmas legales (I)
Economist&Jurist. Apuntes básicos sobre la responsabilidad de los administradores de las sociedades ...
