El pasado martes, el Gobierno acordó extender la suspensión del deber de solicitar concurso de acreedores —la llamada moratoria concursal— hasta el 30 de junio de 2022. Esta prórroga, la cuarta que autoriza el Ejecutivo desde que comenzó la pandemia, tiene como objetivo dar un margen adicional de recuperación a las empresas que han sufrido el impacto de la crisis sanitaria. La medida, no obstante, ha sido criticada por numerosos expertos del sector, que consideran que da una falsa sensación de seguridad a las compañías en apuros, las disuade de buscar soluciones urgentes y las aboca a un escenario de insolvencia irreversible.

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