La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y Crecimiento de Empresas -que entró en vigor el 19 de octubre- se aprueba para facilitar tanto la creación de nuevas empresas como la reducción de las trabas a las que se enfrentan en su crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero. La finalidad principal del contenido de esta norma consiste en contribuir a: (i) el incremento de la competencia en beneficio de los consumidores; (ii) la productividad del tejido industrial; (iii) la resiliencia empresarial; y, (iv) la capacidad para crear empleos de calidad. Su promulgación se enmarca en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé inversiones y reformas estructurales, entre las que destacan las destinadas a mejorar el clima de negocios. Las vías principales y más destacadas que plantea esta Ley se pueden clasificar en cuatro puntos: a) adoptar medidas para agilizar la constitución de sociedades; b) mejorar su regulación eliminando obstáculos para el desarrollo de actividades económicas; c) reducir el nivel de morosidad comercial; y d) facilitar el acceso a más y mejores medios de financiación.