Gracias a la presión derivada del grupo que conforma el grueso de nuestro tejido empresarial y de servicios, como son las pymes y los autónomos, como consecuencia de la situación de estado de alarma que estamos viviendo el Gobierno ha reaccionado activamente, aunque, bien es cierto, que el plazo que ha concedido es muy corto.
También la presión ejercida por los países europeos ha hecho cambiar de actitud en materia tributaria. España se aleja del resto de Europa en cuanto a las medidas fiscales para reducir los efectos económicos del COVID-19.
Antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, a diferencia de España, la gran mayoría de países europeos han extendido los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la generalidad de las empresas, unos ampliando los tiempos de presentación de los impuestos, y otros, el pago de estos.
