indemnización IRPF directivos

El Supremo reconoce el derecho a la exención de la indemnización por cese de directivos.

27 noviembre, 2019

(Sentencia 1528/2019 de 5 de noviembre de 2019) La Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo fija como criterio interpretativo el carácter obligatorio de la indemnización en los supuestos de extinción del contrato de alta dirección, por desistimiento del empresario, existiendo el derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades, a la luz de la doctrina sentada en la sentencia en unificación de doctrina del Pleno de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2014.

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Fiscalidad de ETFs. Un paso adelante

15 julio, 2018

Los ETF (Exchange-Trade Funds) o Fondos Cotizados ,son uno de los productos financieros que más han crecido en nuestro país en los últimos años en las carteras de inversión de los particulares Son productos financieros con características a medio camino entre los Fondos de Inversión y las Acciones, conteniendo una cesta de valores con valoración automatica De los primeros, recogen una característica importante , el estar formados por una cesta de valores , lo que lleva a una mayor diversificación y menor riesgo, pero mejorando las comisiones y costes que tienen los Fondos Y si tenemos que resaltar algo que poseen los ETF y que son característicos de las Acciones es, primero, que se sabe , al igual que las acciones cotizadas en mercados financieros organizados, su valor en todo momento , y segundo, que se pueden comprar y vender tantas veces como se quiera dentro del mismo día Pero los ETF han carecido, como las acciones, de una ventaja fiscal de las que han gozado tradicionalmente los Fondos de Inversión de personas físicas en nuestro país que no es más que aquella de poder trasladar los Fondos de Inversión sin tributar hasta que no exista un reembolso de participaciones del fondo ( No en el caso de las Empresas, tema analizado en un anterior documento). Y es ,en este ámbito, donde se ha pronunciado Hacienda a través de la Consulta Vinculante V4596 de la DGT, por la cual se ha equiparado la posibilidad de traspasar ETFs Extranjeros bien a otro ETF o a un Fondo de Inversión sin tributar Recuerde que el organismo público sólo ha equiparado esta ventaja fiscal a aquellos ETFs de entidades extranjeras , por lo que las plataformas de inversión se han puesto en marcha para hacer tecnológicamente esto posible En cuanto al reembolso definitivo se mantiene la Fiscalidad que estaba vigente, como Ganancia y Pérdida Patrimonial, tributando en la Base del Ahorro entre el 19% y el 23%, con la posibilidad de Compensar pérdidas con ganancias patrimoniales de otros productos

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Reducción del Impacto fiscal tras ganar un proceso judicial

26 mayo, 2018

Es natural que la primera reacción tras ganar un juicio en el que se va a recibir una indemnización sea la satisfacción, pero en Martin Molina e Invexia, creemos oportuno analizar el impacto fiscal y las vías que existen para reducirlo En sucesivas Consultas Vinculantes desde el año 2005, desde la nº0154-05, hasta más recientemente con la V-0750 / 2017, las Costas procesales que se deben abonar a la parte vencedora, por los honorarios profesionales en que ésta ha incurrido, son considerados como Ganancia Patrimoniales No derivadas de transmisión de Elementos Patrimoniales Cobra importancia esta situación por dos asuntos: a.La parte condenada no está obligada a practicar retención a cuenta por el abono de las costas a la parte ganadora b.Estas Ganancias Patrimoniales se incluyen en la Base Liquidable General y no en la Base del Ahorro, tributando desde 19% hasta un 45% Ante este costoso escenario, es necesario ver las alternativas que permite la legislación para reducir la Base Liquidable General constituida por : -Rtos.Trabajo y Rtos.de Actividades Económicas -Rtos.Capital Inmobiliario -Rtos.Capital Mobiliario no considerados rentas del ahorro -Rentas Imputadas Y viendo la relación anterior de rendimientos, las posibilidades de reducir el IRPF deberían ir por el camino de aminorar la Base a través de los Sisistemas Previsión Social. Por otro lado, debemos de analizar el afloramiento de los Intereses a indemnizar al vencedor del litigio que son los llamados Intereses Remuneratorios y los Intereses Indemnizatorios a.En cuanto a los Intereses Remuneratorios por la contraprestación a satisfacer al perjudicado, son considerados Rtos.Capital Mobiliario a integrar en la Base Imponible del Ahorro , salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley del IRPF, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional. b.Mientras que los Intereses Indemnizatorios por Daños y Perjuicios,son considerados Ganancias Patrimoniales el año en que la sentencia es firme (aún a pesar de no haber recibido todavía la perceptiva indemnización), y debe integrarse también en la Base Imponible del Ahorro Al estar incluidos en la Base Imponible del Ahorro, el tipo impositivo se va a encontrar entre el 19% y el 23% En estos dos últimos casos deberemos también analizar las siguientes alternativas a.Aquellas que permiten Compensar Ganancias Patrimoniales dentro de la Base del Ahorro en el año de la sentencia firme o en los cuatro años siguientes si no se puede efectuar la compensación por falta de base b.Situaciones familiares con Base Liquidable General sometidas a gravamen , que resultan negativas, y que pueden ser compensadas con Bases de Ahorro Positivas (incrementadas de manera extraordinaria principalmente por la percepción de los Intereses Indemnizatorios y Remuneratorios) Así pues, el escenario y las alternativas posibles para aminorar de manera notable el impacto fiscal invitan a la planificación para obtener un plus de satisfacción tras salir vencedor en un juicio

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Presupuestos 2018, desde la óptica fiscal

21 mayo, 2018

El Boletín del Congreso ha sacado a la luz el texto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (5 de abril). La conocida “Ley de Acompañamiento” que acomete el ámbito tributario, incorpora para ese año las siguientes medidas fiscales, de las que destacamos algunas de ellas (sin perjuicio que sufran modificaciones en su trámite Parlamentario en fase de enmiendas). 1.- En materia de imposición directa: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio (IP) e Impuesto sobre Sociedades (IS) Se van a producir cambios sustanciales en el IRPF: a) Un ajuste a la baja la tributación de los rendimientos del trabajo de menor cuantía y, en particular, de pensiones o haberes pasivos, objeto de una actualización indirecta. b) La posibilidad de favorecer más las concesiones en materia de deducción por maternidad, familia numerosa y cónyuge con discapacidad a cargo, de notorio valor social. Por otro lado, existe el propósito de iniciar un conjunto de medidas favorables a los contribuyentes de Ceuta y Melilla. Hay una decisión política de mejorar el régimen tributario global de ambas ciudades “con el objetivo de contribuir a atenuar los efectos de su singularidad territorial”. Se mantiene la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, eliminando la reimplantación de la bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto que se había previsto en el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el cual se restablecía este impuesto. Respecto del Impuesto sobre Sociedades, hay que destacar el nuevo régimen aplicable a las rentas de activos intangibles (patent box) que, como consecuencia de obligaciones internacionales del Estado español, ajusta el ámbito objetivo de la reducción excluyendo determinados conceptos como planos, fórmulas procedimientos secretos y derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas e incluyendo modelos de utilidad, certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos sanitarios, así como el software avanzado registrado que haya sido obtenido como resultado de proyectos de investigación y desarrollo. 2.- En materia de impuestos indirectos: IVA Se incorporan las salas cinematográficas al ámbito del tipo reducido del IVA, dentro del grupo de servicios considerados culturales por el legislador, con una disminución del tipo impositivo aplicable a la “entrada del cine”, pasando de tributar un 21 a un 10%. En cuanto a los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, con efectos desde el 1 de enero de 2019, se establece lo siguiente:  Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, se fija un valor total de 10.000 euros anuales que, de no ser rebasado, implicará que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al IVA en su Estado miembro de establecimiento.  Para favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los sistemas simplificados de ventanilla única, se suprime la limitación de que los empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro, no puedan utilizar ni el régimen especial aplicable a los empresarios no establecidos en la Comunidad ni el régimen especial aplicable para los empresarios o profesionales establecidos en la […]

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Novedades sobre deducciones en la liquidación del Impuesto de Sociedades en 2017

9 mayo, 2018

La inmensa mayoría de las reformas legislativas que deben incorporarse al nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades (IS) para la declaración del ejercicio 2017 proceden del impacto del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. Es cierto que esta norma extraordinaria impactó en la LIS, principalmente, durante el ejercicio 2016, algunas de sus consecuencias se producen también para los períodos impositivos iniciados el 1 de enero de 2017. Por este motivo entra en vigor la Orden Ministerial 441/2018, de 26 de abril. En su Exposición de Motivos dispone cuáles son esas consecuencias: «Puede destacarse la relevancia de la restricción a la deducibilidad tanto de los deterioros como de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la transmisión de participaciones, así como la exclusión de integración en la base imponible de cualquier tipo de pérdida que se genere por la participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen un nivel de tributación adecuado, es decir, el tipo nominal sea menor al 10% con independencia de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre aquéllos”. Objetivos El objetivo perseguido es descartar la incorporación de cualquier renta, positiva o negativa, que pueda generar la tenencia de participaciones en otras entidades, a través de un auténtico régimen de exención. Unido a estos nuevos supuestos de no deducibilidad, cuando se nos plantee un supuesto de rentas negativas derivadas de la transmisión de valores cuando el adquirente forma parte del mismo grupo, se ha eliminado el régimen de diferimiento que permitía integrar las rentas negativas en base imponible en el momento que se transmitían a terceros o dejaban de formar parte del mismo grupo, minoradas por determinadas rentas. Cuando, por no cumplirse los requisitos expresados anteriormente, proceda la integración de rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones, las rentas negativas se minorarán: – En el caso de transmisión intra-grupo, en el importe de la renta positiva generada en la transmisión precedente a la que se hubiera aplicado exención o deducción por doble imposición. – En el importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos a partir de 2009 que no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a aplicar la exención por doble imposición. Otras modificaciones en la normativa del Impuesto sobre Sociedades introducidas por este Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, han afectado a la regulación de la exención para evitar la doble imposición en el caso de transmisiones sucesivas de valores homogéneos y de las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos permanentes. Estas modificaciones tienen por objeto descartar la incorporación de rentas negativas cuando de haber obtenido positivas, éstas hubieran estado exentas. Asimismo, se han modificado las deducciones para evitar la doble imposición internacional, derogando los apartados relativos a las rentas negativas […]

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Tributación de Administradores y Consejeros tras la Sentencia del Supremo 98/2018

5 mayo, 2018

En el pasado Café con Martín Molina que disfrutamos gracias a AJE hace un par de semanas en el Wanda Metropolitano analizamos que, una de las primeras decisiones que todo empresario debe acometer es, que si ha optado por la constitución de una sociedad de capital como forma jurídica de su negocio ,era, la forma de remuneración para el administrador , consejeros y alta dirección de empresa La ley de sociedades de capital 31/2014, de 3 de diciembre dejaba claro en el art.217 que la remuneración de los administradores era gratuita ,salvo ,que venga determinado en los estatutos sociales, que deberán además, determinar el sistema de remuneración, siendo considerados rendimientos del trabajo a efectos del IPRF En el apartado 2 del citado artículo se enumera algunos de los mismos a. Una asignación fija, b. Dietas de asistencia, c. Participación en beneficios, d. Retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, e. Remuneración en acciones o vinculada a su evolución, f. Indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador g. Sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos Por otro lado, el art. 249 , regula la delegación de facultades del consejo de administración a uno o varios consejeros delegados o ejecutivos, exigiendo ,la necesidad de formalizar un contrato entre la sociedad y el consejero o consejeros delegados, aprobado por el consejo con una mayoría reforzada de dos tercios de sus miembros, detallándose todos los conceptos por los que se le retribuirá. El artículo 249 ,apartado 4, enumera claramente la necesidad de formalizar el contrato, al enumerar literalmente: “En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.” A tenor de las dificultades que estaban originando la aplicación de los citados artículos ,y tras un recurso de un registrador mercantil ,la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que los requisitos que se exigen a los administradores en el artículo 219 ,deberán ser cumplidos también por los consejeros que asumen alguna función directiva. Y por mi experiencia, aconsejo a la Pyme , a que con cierta premura, revise los estatutos sociales , tras el pronunciamiento del Supremo, y se asesore debidamente para cumplir la legislación vigente

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Infracción tributaria y delito fiscal: ¿cuál es la diferencia?

3 mayo, 2018

Es de todos conocidos que el funcionamiento del sistema tributario español se basa en el cumplimiento de una serie de normas que regulan la relación entre el contribuyente y la Administración. Estas normas establecen los deberes tributarios cuyo incumplimiento genera la infracción y la correspondiente sanción. La Ley General Tributaria regula la normativa aplicable en materia de infracciones y sanciones, aunque las leyes de cada tributo regulan las infracciones específicas. La infracción tributaria Se entiende como infracción tributaria toda acción voluntaria e intencionada que esté tipificada y sancionada en las leyes. Para que la conducta de un contribuyente se pueda calificar de infracción y recibir la sanción correspondiente deben de darse los siguientes hechos: – Que haya una norma que tipifique y describa esa conducta como sancionable. – Que esté prevista la sanción a aplicar cuando se produzcan los hechos que determinen esa infracción. – Que exista culpabilidad manifiesta por parte del infractor. Esa culpabilidad puede venir determinada por la intencionalidad o la negligencia en el acto. Las infracciones tributarias pueden clasificarse como leves, graves o muy graves. La norma que describe la infracción también debe clasificarla en el grupo que le corresponda siguiendo el criterio de la existencia de ocultación o de medios fraudulentos. Se entiende que existe ocultación cuando: (i) no se presenten las declaraciones correspondientes; (ii) cuando se presenten declaraciones en las que se incluyan operaciones inexistentes o con importes falsos; (iii) cuando se presenten declaraciones en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, productos, bienes, rentas o cualquier otro dato que altere la deuda tributaria. Se entiende que se han utilizado medios fraudulentos en la presentación y liquidación de los tributos cuando: (i) existan anomalías en la contabilidad o en los libros establecidos por la normativa contable; (ii) cuando se empleen facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados; (iii) cuando se utilicen personas o entidades interpuestas para ocultar la identidad del infractor. El delito fiscal Es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por un importe superior al fijado por la Ley, importe fijado actualmente en 120.000 euros. Se entiende que defrauda el que omite ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente. Normalmente, el incumplimiento de las obligaciones fiscales es una infracción administrativa que se sanciona con una multa. Sin embargo, un incumplimiento fiscal grave, como sería que superase el límite establecido, se considera delito y no infracción. En este supuesto serían los Juzgados de lo Penal los encargados de instruir estos procedimientos y condenar las actuaciones. No hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias. Ambos se diferencian, básicamente, en el grado de gravedad que alcanzan, según la cuantía del resultado. Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por la Ley, sino que es necesario que, de forma añadida, exista también una actuación del sujeto tendente a evitar el pago. El delito fiscal exige la existencia de una conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar. El autor debe tener conocimiento de la existencia de una deuda o el deber de ingreso tributario, omitiendo […]

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Imputación temporal en el IRPF de los rendimientos satisfechos por el Fogasa

3 mayo, 2018

  La Resolución de 2 de noviembre del TEAC ha efectuado recientemente una aclaración en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio en la imputación temporal de los rendimientos satisfechos por el FOGASA. Las cantidades pagadas por el FOGASA en concepto de salarios impagados por el empresario tienen la naturaleza de rendimientos del trabajo, y puesto que la efectividad de dicha obligación suele demorarse -se perciben con el carácter de “atrasos”-, el trabajador tendrá que aplicar las reglas especiales de imputación temporal que establece la Ley 35/2006 (Ley IRPF). Ahora bien, pueden diferenciarse dos casos en cuanto a su imputación temporal: 1. Pagos del FOGASA que corresponden a períodos anteriores a aquel en que se perciben, sobre los que no existe un litigio en su percepción. En estos casos, el año en que se perciben dichas retribuciones, se imputarán a los distintos ejercicios en que los mismos fueron exigibles a través de la presentación de las correspondientes autoliquidaciones complementarias. 2. Pagos del FOGASA que corresponden a períodos anteriores a aquél en que se perciben, existiendo un litigio sobre el derecho a percibir esas retribuciones. Las cantidades pagadas por el FOGASA se declararán como rendimientos del trabajo del ejercicio en el que la resolución judicial adquiera firmeza. En el supuesto de que la sentencia judicial adquiera firmeza un ejercicio, pero el pago se produzca en el siguiente, la imputación del ingreso deberá de hacerse en este último. Pedro Martín Molina    

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Novedades en la presentación de cuentas en el Registro Mercantil

2 abril, 2018

Desde Martín Molina abogados  y economistas  les  mantenemos informados de las novedades legales que afectan a las empresas. Con fecha 27 de marzo se han publicado en el BOE las Novedades presentación de  cuentas en el Registro Mercantil: Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. La presente orden recoge las novedades introducidas en el modelo de depósito de cuentas consolidadas establecido en la Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, así como la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico recogidas en el anexo II y la de los test de errores recogidos en el anexo III de la mencionada orden como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la mencionada orden Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. La presente orden recoge las novedades introducidas en los modelos de depósito de cuentas establecidos en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, así como la actualización de las especificaciones técnicas del soporte electrónico recogidas en el anexo II y la de los test de errores recogidos en el anexo III de la mencionada orden como consecuencia de los cambios registrados en la normativa en el tiempo transcurrido desde la promulgación de la citada orden y la actualización de los test de errores recogidos en el anexo III, para adaptar los de carácter obligatorio relativos a los periodos medios de pago, atendiendo a lo resuelto por diversas resoluciones de 2017 en recursos contra la calificación de registradores mercantiles por la Dirección General de los Registros y del Notariado. La principal novedad que se contiene en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada «identificación del titular real de la sociedad»

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