Ley de Segunda Oportunidad: El beneficio de la exoneración de deuda

17 mayo, 2019

Desde la entrada en vigor en el año 2015 del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, comúnmente conocido como Ley de Segunda Oportunidad, dicho decreto ha representado una herramienta muy útil para situaciones de grave deuda o sobreendeudamiento, aunque aún hoy se siga trabajando en su reforma para dar una mejor respuesta.

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Notas de actualidad en Liquidación Concursal

19 septiembre, 2018

La fase de liquidación ha sido objeto del mayor número de cambios en la Ley 9/2015, con la incorporación de modificaciones formales y reformas sustantivas de gran influencia.Una primera reforma se refiere al alcance de la ejecución separada que ostentan los créditos privilegiados especiales con garantía real del art. 90 LC. En las reformas introducidas por el RDL 11/2014 los créditos que ostentan garantía real quedan calificados atendiendo al valor de la garantía y la aplicación de un regla aritmética a las que se refieren los arts. 90.3 y 94.5 LC (“el valor de las garantías constituidas … para su determinación se deducirán, de los nueva décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, sin que en ningún caso el valor de la garantía pueda ser inferior a cero, ni superior al valor del crédito privilegiado ni al valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se hubiese pactado”). Regla de valoración de garantía Dado que el privilegio especial sólo se extiende hasta donde alcanza el valor de la garantía -que en numerosas ocasiones es muy inferior al importe del crédito garantizado-, la doctrina se plantea qué parte de ese importe, conseguido en una ejecución separada, debe hacer suyo el titular del crédito garantizado. Así, pues, ante esta regla de valoración –“la regla de valoración de la garantía”- aparecen dos interpretaciones. En una primera línea se entiende que tiene por objeto determinar el cómputo de votos de los acreedores privilegiados en el contexto de aprobación del convenio, pero sin limitar su facultad de satisfacer sus créditos contra el 100% del resultado de la realización de los bienes afectos a su garantía real. Efectos sustantivos Frente a ella, una segunda postura sostiene que esa regla de valoración de la garantía no es sólo una norma de cómputo de pasivo, a efectos de votación de un posible convenio, sino que despliega efectos sustantivos, limitando la capacidad del acreedor de hacerse con el 100% del recobro, en caso de ejecución separada, de tal modo que el acreedor hipotecario que en el concurso ejecuta los bienes sujetos a garantía podrá hacerse con el importe del valor de la garantía, debiendo el resto incluirse en la masa activa concursal. En un intento de zanjar esta duda interpretativa, la Ley 9/2015 introduce un nuevo apartado 5 en el art. 155 LC, afirmando que en los supuestos en que los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial sean realizados bien de modo colectivo en sede concursal bien de modo separado, “el acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la deuda originaria -extinción del crédito garantizado-, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso”. Con ello queda claro que la mencionada regla de valoración del art. 90.3 LC y 94.5 LC queda reducida a una regla de cómputo de créditos a efectos de votación de un posible convenio, sin que en modo alguno limite el derecho del acreedor a satisfacer su crédito hasta […]

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La segunda oportunidad, clave para el éxito

15 junio, 2018

El caso de una empresaria a la que un juez  ha exonerado del pago de una deuda de 116.000 euros ha situado en la agenda informativa el debate sobre la «segunda oportunidad». Empresarios o autónomos que antes estaban condenados  a la indigencia o a vivir de las ayudas  sociales tienen una nueva oportunidad de rehacer sus proyectos. Desde Martín Molina abogados y economistas, animamos a conocer la ley y a recurrir a la figura del mediador concursal como experto legal en este tipo de situaciones. Los mecanismos de segunda oportunidad, reducción de carga financiera  y otras medidas de orden social están contenidos en el Real Decreto Ley 1/2015. La experiencia de estos dos años y medio  ha demostrado que la regulación tiene algunos fallos importantes. Mejoras de la ley En primer lugar  la norma es  muy restrictiva y no obedece  a ninguno de los modelos vigentes en Europa. Se condicionan las deudas exonerables al pago de las que no lo son. Si un empresario no paga  sus  deudas  con la Agencia Tributaria y con la Seguridad social nunca  podrá  obtener  la condonación de las  deudas  que si son exonerables. Por otra parte, el trámite es complicado, y hay mucho desconocimiento de la ley. Matilde Cuena, catedrática de derecho civil de la Universidad Complutense señala, entre otros aspectos que deben mejorar, la necesidad de que la ley española defina mejor el concepto de deudor de buena fe. Cuena pide también que se agilicen los trámites porque el procedimiento es muy lento. Los procesos duran en general más de un año, lo que hace  que  la situación de los deudores  empeore de forma progresiva. El corredor de fondo El objetivo de la ley de segunda oportunidad debe ser que empresarios y familias  vuelvan en el medio plazo al sistema económico. José María Torres, empresario y patrón de la Fundación Pimec recuerda que el 40% de las empresas que cerraron durante la crisis no fracasaron porque lo hicieran mal, sino porque no cobraban de las grandes, y esas deudas les obligaron a cerrar. Torres ha desarrollado una intensa  actividad en favor de una Ley de segunda oportunidad realmente efectiva. Recuerda que «grandes empresarios de  EEUU  proceden de fracasos empresariales, y en España no habrían podido desarrollar sus ideas». Para Torres, se trata de  aprovechar el talento de personas que de otra  forma terminan en la exclusión social. Para ilustrar este espíritu, Torres  impulsó desde  la Fundación Pimec la producción del cortometraje «El corredor», el más premiado de la historia del cine español. Es la historia de un empresario, corredor de fondo, que se encuentra con una persona a la que tuvo que despedir. El corto ayuda a entender la necesidad de tener una normativa adecuada para familias  y empresas. Torres tiene su propia definición del éxito: ir de fracaso en fracaso sin perder  el entusiasmo.

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En fase de liquidación de un concurso de acreedores: ¿subasta de activo hipotecado? ¿valor de garantía? ¿deuda originaria?

7 mayo, 2018

a) La subasta judicial sólo tendrá lugar cuando la masa no disponga de tesorería o ésta sea mínima; en otro caso, será notarial o por entidad especializada. Es deber de la administración concursal justificar cuál es la modalidad por la que se opta finalmente. b) Si estamos ante un activo hipotecado que se subasta en el marco de la liquidación concursal, el ejecutante seguirá siendo la administración concursal, pero el acreedor que goce de privilegio especial continuará conservando su privilegio sustantivo (art. 155.1 LC). El hecho de exigir a este acreedor con privilegio especial el depósito, le motiva a no dejar quebrar la subasta (aunque suele ser frecuente que se prescinda de exigir dicha consignación). c) El avalúo en la subasta celebrada en la liquidación concursal será el del Informe (art. 82 LC). En el caso de bienes o derechos afectos a un privilegio especial deberá completarse con las normas sobre el valor razonable del art. 94.5 LC, que, si bien no son eficaces en liquidación para el cálculo del privilegio, no dejan de proporcionarnos un valor de realización actual. Sólo en los supuestos en que concurran circunstancias específicas, se podría actualizar el avalúo. d) Hemos de recordar que en base al art. 94.5 LC, el criterio del valor de la garantía se entiende como el resultante de deducir, de los de los nueve décimos del valor razonable del bien o derecho sobre el que esté constituida la garantía, las deudas pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien. Ahora bien, en la fase de liquidación no va a resultar de aplicación en lo relativo a la realización de los bienes garantizados porque el acreedor privilegiado conserva su derecho a obtener el importe obtenido en la venta del bien con el único límite de la “deuda originaria”. e) La “deuda originaria” significa que, abortada la posibilidad de un convenio, las reglas de cálculo del importe del privilegio de los arts. 90.3 y 94.5 LC ya no resultan de aplicación, de suerte que el privilegio especial volverá a su extensión originaria y cubrirá el principal y los intereses hasta donde alcance el valor de la garantía. En suma, el recorte del crédito con privilegio especial está condicionado al devenir del concurso: sólo juega si la solución es de convenio y éste llega a cumplirse. Nos encontramos antes dos escenarios: – Si el activo se ejecuta extra muros del concurso, la “deuda originaria” comprenderá, el principal más los intereses y más las costas y gastos de la ejecución, al margen de la clasificación crediticia que cada uno de esos conceptos tenga en el concurso. – Si el activo se realiza en cumplimiento del plan de liquidación, la “deuda originaria” tiene otra extensión menor necesariamente: por un lado, sólo se privilegian el principal y, acaso, los intereses, y, por otro, en la ejecución universal no hay costas y los gastos; y de existir, los asume la masa, no el acreedor privilegiado. f) Por lo que se refiere al orden de imputación de pagos, se comenzará con la cantidad correspondiente al capital, y solo una vez que haya sido satisfecho, se podrá […]

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Venta de un bien inmueble hipotecado en sede concursal

7 mayo, 2018

Este artículo responde a una pregunta: en el caso de  venta de un bien inmueble hipotecado en sede concursal, ¿cuál debe ser el tratamiento que la administración concursal debe dar al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y a la comunidad de propietarios? Impuesto sobre bienes inmuebles Con el producto obtenido por la enajenación del bien inmueble gravado con un derecho real de hipoteca, la administración concursal deberá pagar, en primer lugar, el crédito privilegiado en concepto de IBI (art. 78 LGT) y luego la/las correspondientes hipoteca/s voluntarias. En el caso de que la administración concursal no pagase el IBI, ello traerá consigo una doble consecuencia: – En primer lugar, para el adquirente. El cambio en la titularidad del inmueble hace nacer una afección real sobre el bien transmitido, en régimen de responsabilidad subsidiaria, que comprende la totalidad de la cuota tributaria (art. 64 TRLRHL). – En segundo, para la propia administración concursal. La administración tributaria podrá derivarle responsabilidad subsidiaria en virtud del art. 43.1 c) de la LGT. Comunidad de propietarios Cuando Se efectúe una operación de venta de un bien inmueble a un tercero por parte de la administración concursal nacerá la afección real a favor de la comunidad de propietarios (art. 9.2 LPH). Ahora bien, esta enajenación no altera la clasificación de su crédito concursal como ordinario, por lo que la administración concursal no podrá destinar la liquidez conseguida en la realización de ese bien al pago de esta deuda. En consecuencia, deberá ser el futuro comprador quien la debe asumir para adquirir el inmueble libre de esa carga. Pedro Martín Molina Expertos en reestructuración empresarial

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Banco Madrid salda el 75% de su deuda

10 abril, 2018

Los hitos de Banco Madrid A finales de marzo de 2015 se iniciaba el primer proceso de concurso de una entidad bancaria en España con la intervención de Banco Madrid por parte de la Administración Concursal, (Pedro Martin Molina)  designada por Auto de 25 de marzo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. Los hechos se precipitaron con la acusación de blanqueo de capitales por parte del departamento Antifraude (Fincen) del Tesoro de Estados Unido a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del BM, cuyo expediente se archivaría posteriormente. La Administración Concursal apostó por la transparencia habilitando una oficina física de información y una página web informativa desde donde poder instruir a depositarios y acreedores. Estudio de operaciones bancarias y normativas aplicables El proceso de liquidación de Banco Madrid supuso un complejo estudio de operaciones bancarias de diversa naturaleza (préstamos, pagos en vuelo y fondos, etc) y el análisis de la normativa aplicable (Ley Concursal, Ley de Mercado de Valores, Ley de Instituciones de Inversión colectica o Real decreto y Reglamento que rigen los Fondos y Planes de pensiones), originando decisiones inauditas en un procedimiento concursal, que, por otra parte, apenas acarreó impacto social, debido a la rápida tramitación del ERE de extinción. Salvaguardar los intereses de los acreedores La Administración concursal comenzó con la elaboración de un primer listado provisional con 14.367 titulares, físicos y jurídicos en el Fondo de Garantía de Depósito, que suponían el 97% del total de depositarios, cuyos pagos se empezaron a realizar un mes más tarde de la intervención, hasta el límite legal de los 100.000 euros. Colaboración con diversas instituciones Además, la Administración Concursal (Pedro Martín Molina) colaboró activamente en la medida adoptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de dar traslado a la gestión de los fondos de inversión y las sociedades de inversión de capital variable (sicav) de Banco Madrid Gestión de Activos S.G.I.I.C. a la gestora Renta 4 y, por otro lado, designaba a Cecabank como depositaria de los mismos. Con estas medidas, se reactivó la operatividad de Banco Madrid, que se encontraba paralizada desde el 15 de marzo, momento en el que la Comisión Ejecutiva de Banco de España acordó suspender el funcionamiento de la entidad. En el mes de mayo la Administración concursal anunció que los saldos en cuenta corriente de los fondos de pensiones e Instrumentos de Inversión Colectiva (IIC) –fondos de inversión y SICAV- de los que Banco Madrid fuera depositario, no entrarían en la masa del concurso, por lo que se procedió a su traspaso íntegro, una vez fijados los procedimientos a seguir con las depositarias correspondientes. También la Administración Concursal de Banco Madrid finalizó el traspaso de Banco Madrid al nuevo depositario (Santander Securities Services) de los valores de los planes de pensiones (gestionados por PSN- Previsión Sanitaria Nacional-) y abonó la liquidez que los mismos mantienen en el Banco. El cambio de depositaría, inscrito por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), afectó a PSN Empleo F.P., PSN F.P., PSN Personal RF y PSN Previsión II. Por otra parte, la Administración Concursal regularizó la […]

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Mecanismos alternativos en procedimientos concursales

6 marzo, 2018

Son tres  los mecanismos que se han utilizado por las empresas como alternativa al concurso de acreedores, desde Martín Molina  abogados y economistas, con más de veinte años de experiencia en concurso de acreedores queremos comentar su eficacia: 1.- Las renegociaciones privadas entre deudor y acreedores mediante los acuerdos de refinanciación. Su objetivo consiste en reestructurar la deuda o liquidarla de forma ordenada mediante la acción coordinada de los principales acreedores del deudor. Ofrece ventajas, de tipo económico, -menor coste de profesionales, menos publicidad negativa- e inconvenientes -falta de coordinación entre acreedores y de información asimétrica entre éstos y la empresa deudora-. Por dichas razones, las renegociaciones privadas son más frecuentes en empresas deudoras con pocos acreedores y que poseen estructuras de capital sencillas. Acuerdos de refinanciación Ahora bien, la figura estelar son los denominados “acuerdos de refinanciación”. Son procedimientos que permiten dilatar temporalmente la presentación del concurso sin incurrir en responsabilidad, en pro de una negociación de la situación de insolvencia; y en el caso de que parte de los acreedores lleguen a aceptar esos acuerdos, se da la posibilidad para que el resto de acreedores financieros puedan adherirse al mismo, por lo que los acuerdos de refinanciación deberían estar homologados. Por este motivo con la entrada en vigor del Real Decreto 4/2014, de 7 de marzo, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial que introdujo medidas legales favorecedoras para adoptar dichos acuerdos en fase preconcursal, se produjo un incremento del 80% en el total de acuerdos de refinanciación, concentrándose la homologación de los mismos en el período 2014-2016. Ahora bien, los estudios estadísticos efectuados por el REFOR-CGE afirman que no sólo se han estancado los acuerdos de refinanciación en 2016, sino que disminuyeron drásticamente en el primer trimestre de 2017. Nos estamos encontrando más que con una solución real, con un espejismo, lo que nos debería mover a una reflexión, para que esta figura recientemente introducida no decaiga. Es imprescindible que se planteen reformas y modificaciones en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, para que las empresas acudan en mayor número a los mismos (limar formalidades, inclusión del crédito público, simplificar el procedimiento). También debería estimularse que se extendieran estos acuerdos de refinanciación a las pymes, pues la gran mayoría son de empresas de tamaño mediano. Asimismo, insistimos en que nos referimos a acuerdos de refinanciación homologados sobre los que puede subsistir un cierto estigma en estas situaciones de preinsolvencia, debido a la publicidad de los mismos, frente a los que no se homologan que son secretos, motivo que impide acudir a los mismos, a pesar de las ventajas de la homologación judicial que garantiza mayorías y seguridad mercantil. 2.- La ejecución hipotecaria de los bienes de la empresa (en el supuesto de préstamos con garantía hipotecarias). Mediante esta opción el acreedor puede acudir a la vía judicial para solicitar la venta forzosa de la garantía del préstamo a través de subasta pública a fin de recuperar —al menos parcialmente— el importe prestado, ya que esa garantía, generalmente, es un activo real de carácter inmobiliario. Esta vía de ejecución tiene una buena acogida […]

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Rueda de prensa de la Administración Concursal sobre la situación del Deportivo Guadalajara

1 marzo, 2018

Germán Retuerta no es el propietario del CD Guadalajara. Pedro Martín Molina, de Martín Molina abogados  y economistas   y  Javier  Martínez,  administradores concursales  nombrados por el juez, han confirmado en rueda de prensa que Retuerta no solo no es el propietario, sino que ni siquiera es accionista del club. Los verdaderos propietarios del club morado están integrados en  una sociedad mercantil cuyo nombre aún no puede ser revelado, debido a que por ahora es una información confidencial, que está  en manos de la juez  que lleva  el caso, por las implicaciones que pueda  tener. Debe ser  la titular  del juzgado la que publique ese nombre cuando lo estime oportuno. Repercusiones judiciales Según los administradores esta sociedad mercantil no ha ocultado su intención de vender el club, venta para la que todavía no hay un precio estipulado hasta que se dé a conocer el informe concursal definitivo de la situación. Los abogados han señalado también la posible repercusión judicial que este caso podría tener para Germán Retuerta por haber ostentado su falsa condición de máximo accionista y haber dirigido al club sin ser su verdadero propietario. Como consecuencia de todas estas revelaciones,  la juez ha concedido a los administradores el auxilio judicial. La juez  exige  a Retuerta  que en el plazo de tres días (hasta el lunes 5) aporte diversa documentación pendiente como el libro de accionistas, diversos contratos entre el club y otras empresas. Así mismo le reclama que  entregue las llaves de acceso al campo y demás dependencias del club y se abstengan de acudir a las oficinas del club y a cualquier otra dependencia del mismo situadas dentro del recinto del Pedro Escartín.

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Derecho concursal: la figura del socio en la nueva presunción de concurso culpable

9 febrero, 2018

La sección sexta relativa a la calificación concursal se ha visto reformada en un sentido inverso: ya no se premia la consecución de los acuerdos sino que existe la amenaza de culpabilizar a quien los frustre mediante la presunción de dolo o culpa y la responsabilidad de quienes no los apoyen. El nuevo art. 172.2.1º de la LC amplía el círculo de personas afectadas por la calificación a “los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el artículo 165.2, en función de su grado de contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo”. El elemento subjetivo se encuentra, realmente, en el art. 172.2.1º LC: el socio. Causa razonable de capitalización Es cierto que el vigente art. 165.2 LC se refiere a los socios o administradores que se negasen sin causa razonable (“El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando los socios o administradores se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles y ello hubiera frustrado la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 o en la disposición adicional cuarta o de un acuerdo extrajudicial de pagos. A estos efectos, se presumirá que la capitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis.4.”), pero, en una interpretación restrictiva, esta conducta tipificada en el art. 165.2 LC puede cometerse únicamente por un socio. De esta interpretación cabe incluir entre las personas afectadas por la calificación a los socios disidentes. Ciertamente, la norma supone al mismo tiempo un poderoso incentivo para la adopción del acuerdo, ya que los disidentes pueden verse afectados por la calificación, pero también constituye una cierta protección de específicos acuerdos de refinanciación, caracterizados por la capitalización de créditos efectuados por personas del mismo grupo de empresas. Del tenor del art. 165.2 resulta indispensable determinar (i) cuándo la capitalización resulta razonable, y (ii) cuándo la negativa está justificada y no genera la culpabilidad del concurso. Son dos caras de la misma moneda: la negativa a la capitalización resulta justificada cuando no es razonable. Además, el legislador deja la valoración de la idoneidad de esta medida en manos de un informe de experto independiente, que debe ser anterior a la negativa del deudor. Hemos de tener en consideración que no existe una definición clara de “causa razonable” en el precepto, sino una mera concreción. Estamos, pues, ante un concepto jurídico indeterminado, lo que obliga a los Juzgados a efectuar una enorme labor de interpretación del caso concreto. Es decir, introduce una cierta discrecionalidad, que para que no se convierta en arbitrariedad, precisa de fijar unos criterios fijos de valoración. Así, se entiende que existe causa razonable para la capitalización de créditos o la emisión de valores o instrumentos convertibles cuando nos encontremos con que existe un informe emitido por experto independiente que […]

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Pymes, crédito e insolvencia

14 diciembre, 2017

Las pequeñas empresas y las microempresas son las más afectadas y las que tienen más dificultades para afrontar situaciones de insolvencia. Así lo demuestran los últimos análisis del Instituto Nacional de Estadística (INE), que aseguran que el 54,2% del total de empresas que han entrado en concurso de acreedores durante el tercer trimestre del año tienen menos de seis trabajadores. Pequeñas y micro siguen siendo las más débiles, a pesar de que en su conjunto, las empresas españolas hoy son más solventes: el riesgo de entrar en insolvencia ha bajado desde el 41% en 2012 al 36% en 2015. Un dato que debe dotarse de contexto y precaución ya que el grueso del tejido empresarial español está formado por pymes. Resulta lógico pensar que las grandes compañías tengan mayor capacidad monetaria para hacer frente a inconvenientes financieros que las empresas de menor tamaño. Aun así, el impulso económico refleja una mayor solvencia en el conjunto del tejido empresarial del país: las pymes cuentan con el mayor nivel de solvencia de los últimos años. Por otra parte, en su informe trimestral sobre la economía española, el BancoCentral Europeo asegura que para el 29% de las pymes españolas su primera preocupación es la falta de clientes junto al acceso a la financiación. El informe del BCE señala que solo una de cada tres pymes solicitaron financiación bancaria entre abril y septiembre de este año. El 4% no la consiguió y el 9% tuvo dificultades para obtener préstamos bancarios. Sin embargo, un 23% de las empresas asegura que ha notado mejoría en el acceso al crédito gracias a una mejor disposición de la banca y a un cambio en el contexto económico.    

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