El pasado día 19 de diciembre entraba en vigor el Real Decreto-ley 21/2018 de 14 de diciembre de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, a partir del cual todos los nuevos contratos quedaban sometidos a la nueva regulación con la que se pretendía acabar con las subidas desorbitadas de precios del mercado del alquiler, sobre todo en las grandes ciudades donde escasea cada vez más la oferta de pisos mientras aumenta, exponencialmente, la demanda de una casa donde vivir.

El RDL 21/2018 ha sido una ley breve, muy breve, apenas ha estado un mes en vigor; para ser exactos, 33 días. Después, vuelta a lo que había: los contratos a tres años y los avales sin límite de 2013.

Los inquilinos y propietarios se preguntan, ¿y ahora qué? Esperar. ¿Tan difícil es encontrar una solución al problema de la vivienda en España? Hay países que ya la han encontrado. Existen ciudades que -a tenor de lo conocido- son verdaderos paraísos para vivir. Viena es el ejemplo, donde el 62% de sus vecinos  (1,8 millones) viven en casas de renta social, según apunta su propio Ayuntamiento, entre pisos municipales y subsidiados. La receta: una fuerte intervención de los poderes públicos.

En España “desde 2009-2012 ha habido una caída del 62% en la inversión pública de vivienda”, informaba hace unos días la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, en un foro especializado en el que se analizaba el problema de la vivienda en nuestro país. 

Otra posibilidad es la de poner límites por ley al precio del alquiler como es el caso de Roma  donde existe el “alquiler de tarifa acordada”, un pacto de máximos y de mínimos entre organizaciones de propietarios e inquilinos auspiciado por cada ayuntamiento. No parece que sea este nuestro caminar. Tampoco el que se lleva a cabo en Lisboa donde se protege de manera especial a las personas mayores de 65 años y personas con discapacidad, con objeto de evitar que sean desahuciadas.

El asunto del alquiler de la vivienda está directamente relacionado con el proyecto de ciudad en el que sus  vecinos quieran vivir.

Estos son ejemplos de cómo se han enfrentado grandes ciudades europeas al problema de la vivienda y el alquiler.

Alquileres en Madrid y Bruselas, en manos del mercado o garantista. 
Alquileres en Berlín y Lisboa, protección del inquilino, los ancianos y los discapacitados. 
Alquileres en París y Roma, control por ley y límites pactados
Alquileres en Viena y Londres, viviendas sociales y libre mercado respetuoso

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