Por María Sánchez Enciso

Martín Molina abogados y economistas

El 10 de noviembre de 2017  el Gobierno aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo objetivo es adaptar la legislación española a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679 que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018.
La protección de datos de carácter personal de las personas físicas es un derecho fundamental en el ámbito comunitario y en el nacional. Se contempla en los artículos 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Constitución española contempla asimismo en su artículo 18.4 este mismo derecho y lo encuadra dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas.
El Ministerio de Justicia afirma que este proyecto de Ley Orgánica “persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.”
Estas novedades se inspiran en la pretensión de la Unión Europea de aunar las distintas normativas de los países miembros de la Unión Europea y por ello establece en forma de Reglamento una serie de directrices que buscan la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en relación con las actividades de tratamiento de datos de carácter personal. Se pretende que la libre circulación de estos datos entre los Estados miembros esté garantizada.
Entre las novedades que se introducen destacan los siguientes temas. Por un lado el consentimiento para el tratamiento de los datos se adelanta a los 13 años y para el caso de personas fallecidas se sustituye la figura del consentimiento tácito.
Por otra parte, se incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento. Se introducen, por vez primera expresamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y a la oposición.
Aunque quizás la novedad más sonada sea la voluntad de potenciar la figura del delegado de protección de datos. Esta figura va camino de convertirse en fundamental tanto para las grandes empresas como para las PYMES, de la misma forma que lo está haciendo la figura del Compliance Officer, atendiendo a la nueva normativa en materia penal